Transportar mercancías en México es una misión peligrosa. Los trenes de carga han sufrido ataques y robos, mientras que las carreteras no se libran del asedio de los criminales pues ha habido un aumento en los atracos a los camiones de carga.

El 19 de mayo, un tren de carga fue descarrilado cuando viajaba de Veracruz a Puebla, lo que ocasionó que 39 carros y cuatro locomotoras se desplazaran sin control.

Grupo México, un conglomerado que opera los trenes a través de su filial Ferrosur, dijo en un comunicado que el sistema de frenos del tren fue manipulado “en un acto de sabotaje por personas ajenas a la empresa”.

“Cada quien los quiere llamar de diferente manera, para nosotros es un atentado para las vías generales de comunicación y lo que hace es causar un daño al paso del tren”, dijo a la Lourdes Aranda, vicepresidenta de relaciones gubernamentales de la empresa.

En un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) el viernes pasado, la empresa dijo que durante el segundo trimestre del año ha sufrido siete descarrilamientos debido a sabotajes en la ruta Ciudad de México-Veracruz, lo que tuvo un impacto de 312 millones de pesos (unos 15,9 millones de dólares).

La compañía agregó que busca seguir brindando “un servicio seguro y eficaz con más de mil 700 guardias privados y un área especial dedicada al monitoreo y prevención de robos”.

Sin embargo, los atracos -que muchas veces ocurren cuando personas bloquean las vías con piedras para poder detener el ferrocarril- distan de ser nuevos.

En los primeros tres meses de 2018, se registraron 852 eventos de robo a trenes principalmente en los estados de Puebla, Guanajuato y Jalisco, según cifras oficiales. Se trata de un aumento de 19% respecto al último trimestre de 2017.

Los productos que más son robados de los trenes son granos y harinas, bienes terminados y de consumo, así como autopartes y material de construcción.

Además, en el primer trimestre del año se reportaron 2 mil 519 actos de vandalismo. Casi 90% de ellos correspondió a vandalismo al propio tren y, el resto, a la vía.

Aranda reconoció que por estos incidentes “hay clientes afectados”.

“Hay muchos trenes detenidos, al cortarnos el paso no podemos estar recibiendo trenes y no pueden estar descargando mercancías”, dijo.

Peligrosa carretera

El transporte por carretera tampoco ha brillado por su seguridad en 2018.

Hasta abril se habían abierto 3 mil 895 investigaciones por el delito de robo a transportista, según cifras del gobierno mexicano.

Se trata de un aumento de 6% frente a los 3 mil 666 que se registraron en el mismo lapso de 2017.

De los robos de este año, 3 mil 196 incluyeron violencia.

Miembros de la Alianza Mexicana de Organizaciones Transportistas, que tiene cerca de 83 mil miembros en el país, dijeron que al día se registran al menos cuatro asaltos a vehículos de carga que llevan abarrotes, electrodomésticos o productos industriales.

Reclamo empresarial

Al subrayar el aumento en los robos tanto a trenes como en carreteras, la iniciativa privada mexicana exigió al gobierno de Enrique Peña Nieto frenar la inseguridad.

“La inseguridad está dejando un severo daño económico, un impacto sobre la capacidad de nuestro país de atraer inversión, generar empleo y desarrollar un círculo virtuoso de pacificación”, dijo en un comunicado el lunes la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), un influyente grupo de empresarios.

“Estamos convencidos de que el gobierno en turno tiene que trabajar hasta el último día de su administración por atender, revertir y solucionar este gravísimo problema”, continuó Coparmex, a poco más de un mes de las elecciones generales.

En las últimas semanas, varias empresas se han visto afectadas. El lunes, la minera Pan American Silver anunció que reduciría sus operaciones en una mina del norteño estado de Chihuahua ante “incidentes de seguridad”.

La semana pasada, la firma de lácteos mexicana Lala suspendió operaciones en un centro de distribución en Tamaulipas ante la inseguridad.

Y en marzo, la embotelladora Coca-Cola Femsa cerró un centro de distribución en Guerrero (sur) por el “hostigamiento de grupos delincuenciales”.