El diputado federal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Gilberto Rodríguez Garza,entregó en el Senado de la República, actual sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la iniciativa de reforma al artículo 22 de la Constitución, para reincorporar castigos corporales como la mutilación, para sancionar actos de corrupción; así como la pena de muerte a quienes comenta delitos de alto impacto.

Así, el candidato presidencial independiente, Jaime Rodríguez, cumplió el anuncio de llevar a la Comisión Permanente su propuesta de “mochar manos” a funcionarios corruptos.

De gira por Chihuahua, “El Bronco” señaló que el planteamiento se centra en reincorporar penas corporales que ya habían suprimidas de texto constitucional.

En cuanto esa norma avance en el Congreso de la Unión y los congresos de los estados, agregó, se presentarían las leyes reglamentarias, a fin de establecer cómo, en qué circunstancias y por qué delitos, se aplicaría el “moche de manos”.

“Luego llegamos a la reglamentación, que es una parte siguiente. Aquí la idea es primero modificar el artículo 22 de la Constitución, para que se modifique y puedan permitirse las penas corporales que fueron excluidas de la Constitución, que ya existían y que fueron excluidas. Ahora lo que se haga es reincorporarlas”, planteó Rodríguez Calderón.

Al acudir al senado, el diputado Rodríguez Garza puntualizó que la mutilación aplicará a funcionarios públicos que hagan mal uso de los recursos públicos, quienes cometan cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito y otras conductas que representen daño al patrimonio de la nación.

Agregó que la pena de muerte se dictaminaría contra quienes cometan homicidio, secuestro, violación, genocidio y traición a la patria.

El documento prevé cambios al artículo 22 constitucional, para eliminar de las sanciones prohibidas en México, la pena de muerte y la mutilación.

“Se impondrá la pena de mutilación a los servidores públicos que cometan los delitos de cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito y cualquier otro cometido por estos en detrimento del patrimonio de la nación”, dice la reforma.

“Se impondrá la pena de muerte a quien cometa los delitos de homicidio, secuestro, violación, genocidio y traición a la patria”, abunda.

Refiere que “no será necesaria la acreditación de cualquier agravante para los delitos de violación a menores de edad; homicidio en contra de elementos de las instituciones de seguridad pública, del Ejército, la marina Armada y Fuera Aérea Nacionales en el ejercicio de sus funciones”.

También merecerán pena de muerte quienes produzcan, transporten, trafiquen, comercien o suministren aun gratuitamente o prescriban algún narcótico que por su uso indebido o abuso puedan generar un problema grave para la salud pública.

“Y por causa de enriquecimiento ilícito de los funcionarios públicos señalados en el artículo 111 de la presente Constitución, que durante el tiempo de su encargo o por motivos del mismo, por sí o por interpósita persona, aumenten su patrimonio, adquieran bienes o se conduzcan como dueños sobre ellos, cuya procedencia lícita no pudiesen justificar”, agrega.

Añade que en cuanto la reforma entre en vigor, el Congreso tendrá 120 días para hacer las modificaciones necesarias al Código Penal Federal y al Código Nacional de Procedimientos Penales.