Esta medianoche fueron revelados los 50 puntos del Plan anticorrupción y de austeridad republicana del nuevo gobierno y que deberán asumir todos los legisladores, alcaldes, gobernadores e integrantes del gobierno federal emergido de la coalición Juntos Haremos Historia.
Este ideario fue dado a conocer por el virtual presidente electo Andrés Manuel López Obrador el pasado miércoles durante encuentros a puerta cerrada con diputados, senadores, alcaldes y gobernadores electos como el ex futbolista Cuauhtémoc Blanco, quien al salir de la reunión comentó que el tabasqueño les había “leído la cartilla”.
En suma, aumentarán penalizaciones e incluso se determinan prohibiciones en el manejo de recursos públicos.
Destaca penas máximas para tráfico de influencias, corrupción, fraude y robo.
Se prohíben dispendios y excesos en bonos, viajes, viáticos, vehículos, sistemas de cómputo y asesores.
El gobierno de López Obrador reducirá en un 70% el personal de confianza y en un 70% el gasto de operación.
La reducción del sueldo no solo será para el pago mensual al presidente de la República; también disminuirá el salario en las actuales plazas que perciben más de un 1 millón de pesos anuales. Obliga a la presentación de bienes patrimoniales y prohíbe contratación de familiares.
Se solicita el ahorro en electricidad, agua, telefonía fija, telefonía móvil, internet y gasolinas.
Plantea la reducción en un 50% del gasto de publicidad del gobierno federal.
Asimismo, ordena a empleados de confianza laborar de lunes a sábado y cuando menos ocho horas diarias y prohíbe trabajar en estado de ebriedad o ingerir bebidas alcohólicas en las oficinas.
Ningún funcionario podrá, a su paso, cerrar calles o detener el tráfico; solo los funcionarios encargados de la seguridad podrán contar con guardaespaldas y se prohíbe el espionaje.
Estos son los 50 lineamientos del plan de anticorrupción y austeridad republicana:
1. Reforma para que el Presidente de la República en funciones pueda ser juzgado por delitos electorales y de corrupción.
2. Suspensión de todos los fueros y privilegios para funcionarios públicos.
3. Reformar la ley para considerar delitos graves: tráfico de influencia; corrupción; asociación entre funcionarios y particulares para cometer fraudes a la hacienda pública; robo de combustible y el fraude electoral en cualquiera de sus modalidades.
4. La Fiscalía General contará con absoluta autonomía, no recibirá consigna de la Presidencia de la República.
5. La Fepade garantizará que las elecciones sean limpias y libres; evitará el uso del presupuesto para favorecer a partidos o candidatos.
6. La Fiscalía Anticorrupción no permitirá en ninguna circunstancia que prevalezca la impunidad; podrá actuar con absoluta libertad y castigar a cualquier persona, trátese de quien se trate, incluidos compañeros de lucha, funcionarios, amigos y familiares.
7. Todo funcionario deberá presentar su declaración de bienes patrimoniales y de sus familiares cercanos.
8. El Presidente de la República, ganará menos de la mitad de lo que recibe el actual Presidente
9. No habrá adquisiciones de vehículos nuevos.
10. No se comprarán sistemas de cómputo en el primer año de gobierno.
11. No habrá más de cinco asesores por Secretaría de Estado.
12. Solo tendrán secretarios particulares los secretarios del Gabinete.
13. No habrá bonos
14. Se limitarán los gastos de viáticos.
15. Se cancelarán gastos médicos privados.
16. No habrá Seguro de Separación Individualizada.
17. No habrá viajes al extranjero sin autorización del Secretario.
18. Serán cancelados los Fideicomisos y cualquier instrumento para ocultar fondos.
19. Ningún funcionario contará con guardaespaldas, salvo aquellos encargados de la seguridad pública.
21. Prevé reducir 70% del personal de confianza y en un 70% el gasto de operación.
22. Reducción del sueldo en las actuales plazas que perciben más de un 1 millón de pesos anuales.
23. Nadie podrá utilizar aviones o helicópteros privados
24. Cancelación de pensiones a ex Presidentes de la República.
25. Prohíbe a funcionarios uso de vehículos oficiales y otros bienes públicos para asuntos particulares.
26. Se prohíbe la contratación de familiares.
27. Ordena a empleados de confianza laborar de lunes a sábado y cuando menos ocho horas diarias.
28. Prohíbe trabajar en estado de ebriedad o ingerir bebidas alcohólicas en las oficinas.
29. Plantea reducir en 50% el gasto de publicidad del gobierno federal.
30. Funcionarios de hacienda, comunicaciones, energía tendrán prohibir asistir a fiestas, comidas, juegos deportivos o viajes con contratistas.
31. Prohíbe emplear a funcionarios en domicilios particulares.
32. Ningún funcionario podrá, a su paso, cerrar calles o detener el tráfico.
33. No se adquirirá mercancía con existencia suficiente en almacenes.
34. No se remodelarán oficinas ni se comprará mobiliario de lujo.
35. Sólo contarán con choferes, Secretarios y los Subsecretarios.
36. Policías y los militares no estarán al servicio de funcionarios o particulares.
37. Incorporación del Estado Mayor Presidencial a la Secretaría de la Defensa Nacional.
38. Los Pinos formarán parte del Bosque de Chapultepec.
39. Desaparecerán las partidas para vestuario del Presidente, sus colaboradores cercanos y familiares.
40. Prohíbe el espionaje y de intervención telefónica.
41. Ordena el cuidado de los bienes de las oficinas públicas.
42. Instruye a generar ahorraros en electricidad, agua, telefonía fija, telefonía móvil, internet, gasolinas.
43. Ordena trato amable en las oficinas públicas.
44. Las compras públicas se harán bajo observación ciudadana y de la oficina de transparencia de la ONU.
45. Los contratos de obras públicas se llevarán a cabo mediante licitación pública.
46. Pide a legisladores no recibir “moches”
47. Prohíbe a funcionarios recibir regalos con valor superior a 5,000 pesos.
48. No se autorizará la contratación de despachos, consultores externos para elaborar proyectos  de los servidores públicos.
49. En las contrataciones internacionales se dará preferencia a empresas de países cuyos gobiernos castiguen de manera consistente las prácticas de sobornos o de corrupción.
50. Revisión de contratos actuales con empresas nacionales o extranjeras que hayan sido otorgados mediante el influyentismo o la corrupción.